Russian President Vladimir Putin gave a clear indication Wednesday that he will not compromise on his demands for Ukraine to cede territory despite US President Donald Trump’s intensifying push for peace.
In a combative speech delivered as US and European leaders engage in frantic diplomatic efforts to secure a peace agreement, Putin lashed out at Ukraine’s European allies and said Russia would take territory by force if necessary.
“We would prefer to do this, and eliminate the root causes of the conflict, through diplomacy,” Putin said at the annual meeting of the Russian Defense Ministry.
“If the opposing country and its foreign patrons refuse to engage in substantive discussions, Russia will achieve the liberation of its historical lands through military means,” he added. He referred to regions he is demanding that Ukraine cede, a key sticking point in the ongoing peace talks.
This question of territory, as well as security guarantees for Ukraine, has proven difficult to resolve during the peace talks, exposing the competing priorities of Ukraine, the United States, Europe and Russia.
Russia has illegally annexed Ukraine’s Donbas region but has not fully conquered it. At the current rate of its advance, Russia would not seize the entire region until August 2027, according to an analysis by the Institute for the Study of War, a US-based conflict monitor.
On Monday, Ukrainian President Volodymyr Zelensky said Kyiv will not recognize the temporarily occupied part of the eastern Donbas region as legally or de facto Russian.
The Ukrainian president also appeared to reference the “historical lands” comment that Putin made in his address Wednesday night. “There are other countries in Europe that someone in Russia may one day call their ‘historical lands,’” Zelensky warned. “We need real protection from this Russian history of madness.”
Trump has been consistently bullish on the prospect of striking a peace deal, saying this week that “we’re closer now than we have been.”
Ukraine’s European allies are more cautious and have sought robust security guarantees for the country.
Putin was at pains to stress that difference in his speech. Russia is “engaged in a dialogue with the US,” but meaningful engagement with Europe on peace is unlikely under the current leadership, he said.
“I hope the same (engagement) will happen with Europe,” Putin added.
“It is unlikely that this is possible with the current political elites, but in any case, it will be inevitable as we continue to strengthen. If not with the current politicians, then when the current elites in Europe change,” he said.
Putin’s defiant comments came ahead of a key summit this week in Brussels, where European leaders will debate whether to use frozen Russian assets to fund Ukraine.
European Commission President Ursula von der Leyen underscored the importance of reaching an agreement in a speech to the European Parliament on Wednesday, calling on the continent to take responsibility for its own security and continue funding Ukraine’s defense against Russia.
“There is no more important act of European defense than supporting Ukraine’s defense. The next days will be a crucial step for securing this. It’s up to us to choose how we fund Ukraine’s fight,” von der Leyen said.
Two European proposals are up for discussion for funding Ukraine — one based on using the frozen assets, the other based on borrowing.
La Intrincada Red del Fraude Inmobiliario: Lecciones del “Caso Hirurok” y Perspectivas 2025
En el dinámico y a menudo opaco sector de las inversiones inmobiliarias, la línea entre la oportunidad legítima y la malversación puede ser extraordinariamente delgada. Como experto con una década de trayectoria en la intersección de las finanzas, el derecho y el mercado de propiedades, he sido testigo de primera mano de cómo las estructuras complejas y las deficiencias en la gobernanza corporativa pueden ser explotadas. El reciente “Caso Hirurok”, desvelado por la Audiencia Nacional española y centrado en presuntas operaciones de fraude inmobiliario y corrupción, sirve como una cruda advertencia y un valioso estudio de caso sobre los desafíos persistentes en la integridad de las transacciones públicas y privadas. Este incidente no solo expone las debilidades en los sistemas de control, sino que también subraya la imperiosa necesidad de una vigilancia constante y la implementación de estrategias robustas de prevención de blanqueo de capitales en el entorno actual y futuro.
El Epicentro de la Trama: “Hirurok” y la Ingeniería del Engaño
La investigación judicial, liderada por el Juzgado Central de Instrucción Número 6 y la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, ha puesto el foco en un grupo autodenominado “Hirurok”. Este colectivo, presuntamente integrado por la exmilitante del PSOE Leire Díez, el expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) Vicente Fernández y el empresario Antxon Alonso, es sospechoso de orquestar un esquema para obtener beneficios económicos ilícitos que superarían los 700.000 euros. La metodología era sofisticada: aprovechaban su posición, sus relaciones y su capacidad de influencia sobre figuras clave en la Administración pública para manipular expedientes y decisiones, siempre en beneficio propio o de terceros afines.
El meollo de su operativa radicaba en la “contratación y facturación mendaz”, un eufemismo para la emisión de facturas falsas o por servicios sobrevalorados, canalizando los fondos a través de la mercantil Mediaciones Martínez. Esta táctica es un patrón recurrente en esquemas de corrupción inmobiliaria y financiera, donde se busca dar una apariencia de legalidad a transacciones fraudulentas. La presunta actividad del grupo se extendió al menos entre 2021 y 2023, proyectándose por todo el territorio nacional y abarcando diversas administraciones y empresas públicas dependientes de la SEPI. Las medidas de seguridad y la búsqueda de máxima discreción evidencian una planificación minuciosa para encubrir el fraude inmobiliario y la malversación.
Radiografía de las Operaciones Fraudulentas: Un Patrón de Abuso de Poder
La resolución judicial detalla al menos cinco operaciones clave que ilustran la magnitud y la versatilidad del presunto fraude inmobiliario y la manipulación de fondos públicos:
El Rescate de Tubos Reunidos y la Intermediación Ilícita:
La primera operación que captó la atención de los investigadores fue la concesión de un rescate de 112,8 millones de euros por parte de la SEPI a la empresa Tubos Reunidos. Según la investigación, el grupo “Hirurok” habría realizado acciones de “intermediación” –un término que en este contexto judicial adquiere connotaciones de tráfico de influencias– para que esta ayuda se materializara. A cambio, habrían percibido 114.950 euros, canalizados nuevamente a través de facturación mendaz emitida por Mediaciones Martínez. Esta situación pone de manifiesto la vulnerabilidad de los programas de ayudas estatales a la manipulación cuando no se implementan controles de debida diligencia inmobiliaria y financiera exhaustivos.
Servinabar y la Innecesaria Reubicación de Mercasa:
Otra pieza clave en la trama fue la adjudicación de un contrato público por parte de Mercasa a Servinabar, una empresa propiedad de Antxon Alonso, supuestamente vinculado al grupo. El contrato, por un importe de 18.119,75 euros, se justificó bajo la “pretensión del cambio de sede” de Mercasa. Los investigadores sostienen que el grupo, en connivencia con directivos de la sociedad pública, diseñó una operativa para generar una justificación ficticia, inflar los costes de una rehabilitación de sede innecesaria y, simultáneamente, obtener un beneficio económico. La contratación de Servinabar para un informe técnico que cuantificara “de manera elevada el coste de las obras de rehabilitación” es un claro ejemplo de cómo se instrumentaliza la burocracia para legitimar un fraude inmobiliario subyacente.
Eriberri y la Concesión en el PEPA: Desvíos en Proyectos de Infraestructura:
La tercera adjudicación se refiere al Parque Empresarial Principado de Asturias (PEPA), donde una UTE (Unión Temporal de Empresas) compuesta por Construcciones y Excavaciones Erriberri y Afesa Medio Ambiente obtuvo un contrato de 2,8 millones de euros. Aquí, la capacidad de influencia de “Hirurok” se habría ejercido a través del presidente de la mesa de contratación, beneficiando a Eriberri. Como contraprestación, la empresa habría canalizado 400.000 euros al grupo. Lo más preocupante es el uso de “operativas que tenían la aparente finalidad de encubrir el origen de los fondos”, un indicio inequívoco de blanqueo de capitales y la intención de desvincular el dinero de su origen ilícito y sus destinatarios finales. Esta manipulación de licitaciones públicas distorsiona la competencia leal y desvía recursos esenciales que deberían destinarse al desarrollo de infraestructuras.
Pagos de Enusa a un Despacho de Abogados: La Instrumentalización del Soporte Jurídico:
El caso también incluye supuestos pagos desde la empresa pública Enusa al despacho de abogados SDP Carrillo y Montes. La operativa surgió cuando Acciona mostraba interés en adquirir dos explotaciones de Enusa: una incineradora en Melilla y un centro de tratamiento de residuos en Castellón. Directivos de Enusa y el grupo “Hirurok” habrían tenido la capacidad de decidir sobre la contratación del despacho, bajo la aparente finalidad de proporcionar soporte jurídico a la operación. Sin embargo, la investigación apunta a sobrecostes “aparentemente cuantificados en el 50% del importe del contrato”, que luego habrían sido canalizados a sociedades vinculadas a “Hirurok” a través de pagos de SDP Carrillo y Montes a Mediaciones Martínez por 17.545 euros. Este es un ejemplo de cómo los servicios profesionales pueden ser cooptados para legitimar el desvío de fondos.
Ayuda de Sepides para Forestalia: Un Rescate con Retorno Ilícito:
Finalmente, la resolución menciona la concesión de una ayuda por parte de Sepides a la sociedad Arapellet, del grupo Forestalia, por un valor de 17,32 millones de euros. En esta ocasión, se habría pactado un pago previo de 200.000 euros a favor de “Hirurok”, canalizados, una vez más, mediante Mediaciones Martínez. La recurrencia de este patrón en diferentes operaciones subraya una estrategia coordinada y sistemática de obtención de beneficios ilícitos a expensas del erario público y de la confianza en las instituciones.
El Destino Final de los Fondos: Inversiones Inmobiliarias como Herramienta de Blanqueo
El elemento central que conecta estas operaciones con el ámbito de mi experticia es el destino final de la mayor parte de estos fondos ilícitos. El juzgado sostiene que fueron canalizados para efectuar inversiones inmobiliarias en Marbella (Málaga) y Jaca (Huesca). Estas localidades no son aleatorias; son conocidos puntos de atracción para el capital, legal o no, en el mercado español. La inversión en propiedades en Marbella, en particular, ha sido históricamente asociada con esquemas de blanqueo de capitales debido a su alto valor y la facilidad relativa para ocultar el origen del dinero. Las propiedades en Jaca, una reconocida zona turística de montaña, también ofrecen oportunidades para la inversión y la revalorización de activos, a menudo con menor visibilidad mediática.
Estas adquisiciones inmobiliarias se presumen como “inversiones comunes” ligadas a los tres investigados, aunque una parte de los fondos también se distribuyó individualmente entre los miembros. El expresidente de la SEPI, por ejemplo, habría recibido al menos 49.350 euros a través de transferencias e ingresos en efectivo. Esta disgregación de los fondos y su conversión en activos tangibles como propiedades es una técnica clásica de lavado de dinero, dificultando el rastreo del origen ilícito y ofreciendo una fachada de legitimidad a la riqueza adquirida. La compra de bienes raíces no solo sirve para “limpiar” el dinero, sino también para asegurar y hacer crecer el capital ilícito. Es aquí donde la asesoría legal inmobiliaria y la due diligence inmobiliaria rigurosa son esenciales para identificar y mitigar riesgos.
Implicaciones y Desafíos para el Panorama 2025: Fortaleciendo el Marco Anti-Fraude
El “Caso Hirurok” trasciende las detenciones y las medidas cautelares impuestas. Sus ramificaciones exponen fallas estructurales y plantean desafíos significativos para la integridad del sector público y las inversiones seguras.
Erosión de la Confianza Pública: Casos de esta naturaleza minan gravemente la fe de los ciudadanos en sus instituciones y en la honestidad de la administración pública. La percepción de que el fraude inmobiliario y la corrupción están extendidos puede desincentivar la inversión legítima y el desarrollo económico.
Distorsión del Mercado: La manipulación de adjudicaciones públicas y el uso de fondos ilícitos para inversiones inmobiliarias distorsionan la competencia. Empresas honestas se ven desfavorecidas frente a aquellas que operan con prácticas corruptas, afectando la eficiencia y la equidad del mercado.
Complejidad de la Investigación de Delitos Financieros: La sofisticación de las tramas, el uso de mercantiles pantalla y la diversificación de las operaciones demuestran la necesidad de equipos de investigación de delitos financieros altamente especializados y con recursos tecnológicos avanzados, incluyendo software de detección de fraude y herramientas de análisis forense.
Vulnerabilidad de las Empresas Públicas: La recurrencia de la SEPI y sus entidades dependientes como escenario de las presuntas operaciones destaca la necesidad de reforzar los mecanismos de gobernanza corporativa y los controles internos en el sector público. La politización de los nombramientos y la falta de independencia pueden crear entornos propicios para el tráfico de influencias.
Mirando hacia 2025, la lucha contra el fraude inmobiliario y la corrupción exige una evolución constante. Las tendencias apuntan a una mayor digitalización, lo que, si bien puede crear nuevas vías para el fraude, también ofrece herramientas potentes para su detección y prevención.
Tecnología al Servicio de la Transparencia: La implementación de la tecnología blockchain en el registro de propiedades y transacciones podría revolucionar la transparencia en el sector inmobiliario, haciendo que el seguimiento de la titularidad y el historial de pagos sea inmutable y auditable. El uso de la inteligencia artificial para analizar grandes volúmenes de datos financieros y detectar patrones anómalos es otra herramienta prometedora para la gestión de riesgos financieros.
Reforzamiento del Compliance Normativo: Las empresas, tanto públicas como privadas, deben invertir en programas de compliance normativo robustos y personalizados. Esto incluye políticas anticorrupción claras, canales de denuncia anónimos y efectivos, formación constante al personal y auditorías internas periódicas. La consultoría anticorrupción se está convirtiendo en un servicio indispensable.
Legislación y Cooperación Internacional: Es fundamental que el marco regulatorio continúe evolucionando para anticiparse a nuevas formas de fraude. La cooperación transfronteriza entre las autoridades judiciales y policiales es crucial, dado que el blanqueo de capitales a menudo involucra movimientos de fondos a través de diversas jurisdicciones.
El Rol de los Profesionales del Sector: Abogados, notarios, agentes inmobiliarios y asesores financieros son la primera línea de defensa. Su capacitación en prevención de blanqueo de capitales y su compromiso con la transparencia financiera son vitales para identificar señales de alerta y cumplir con sus obligaciones de informar.
Conclusión: Un Llamado a la Acción para la Integridad del Mercado
El “Caso Hirurok” es un doloroso recordatorio de que la batalla contra el fraude inmobiliario y la corrupción es una tarea continua que requiere la participación activa de todos los actores. Desde las autoridades judiciales y policiales hasta las empresas y los ciudadanos, cada uno tiene un papel que desempeñar.
Como experto en la materia, mi experiencia me indica que la clave reside en la proactividad: anticipar las amenazas, fortalecer los sistemas de control, abrazar la transparencia y utilizar la tecnología de manera inteligente. El mercado inmobiliario español, con su enorme potencial, merece operar en un entorno de máxima integridad y confianza. Solo así podremos garantizar que las inversiones inmobiliarias contribuyan genuinamente al desarrollo económico y social, y no se conviertan en vehículos para el enriquecimiento ilícito.
Si su organización busca fortalecer sus defensas contra el fraude y el blanqueo de capitales, o necesita una asesoría legal inmobiliaria especializada para navegar el complejo panorama regulatorio de 2025, no dude en contactarnos. Estamos preparados para implementar estrategias de gestión de riesgos financieros y compliance que protejan sus activos y su reputación, asegurando un futuro de inversiones seguras y transparentes.
