The political news from the Trump administration continuously reflects purposeful self-delusion, seemingly to shield adverse popular conclusion.
From the Pentagon’s ever-changing defense of missile strikes about killing surviving drug crewmen to limp explanations for sending troops onto U.S. streets to trashing “affordability” as a made-up economics problem, what we’re seeing is the administration pulling into a crouch and then attacking whoever says different.
Worse, from the administration’s standpoint, none of it is working – as evidenced by an increasing string of local election victories or political advances for Democrats, increasingly poor polling numbers, and a palpable rise in public, insulted anger over what is seen as betrayal of American values.
–Defense/War Secretary Pete Hegseth is winning no friends in Congress by insisting that videos of follow-up strikes against those suspected drug boats in the Caribbean need review when he promoted the initial lethal videos as evidence of a manly steadfastness against drug smuggling endorsed by the Venezuelan government. The administration sees no reason to explain its behavior in seizing an oil tanker filled with Venezuelan oil.
–Homeland Security Secretary Kristi Noem is drawing lawsuit after lawsuit over tactics she has authorized for masked, camo-clad, anonymized federal agents to use in arresting and deporting without undergoing legally required hearings and spreading fear across cities. Meanwhile, Noem is both heartless and deaf to reports that legalized migrants and U.S. citizens are getting caught in almost random street raids. Yesterday, she denied to Congress that citizens or veterans or families of veterans were being nabbed in raids, despite video evidence.
–Donald Trump himself went to Pennsylvania this week for a campaign-style defense of his economy against complaints of continuing high prices for food, housing, electricity and, especially, health insurance premiums. But what Trump used the gathering before 1,000 audience members screened as supporters to do was to demean the opposition and to deny that there is any problem with prices. If you only meet approvers, you necessarily will not hear from critics.
Add reactions to changes in eliminating vaccine protocols, dropping medical research, erasing the Education Department, setting aside environmental regulation enforcement and more. What you have is a government in public denial that anyone could be upset.
An Insulting Message
The Trump meandering speech, which slapped at immigration from poor countries and lavishly praised himself, was more than a slap against “affordability,” which he dismissed as even applicable to his administration’s economy. In Trump’s view, prices are down, not up, as experienced by anyone walking into a supermarket. Even if prices are up, he insists that tariffs, which are a national sales tax paid by Americans, more than justify any personal economic pressure.
Once again, he insisted that people who feel financial pain simply buy less – while he personally pursues expensive, gilded projects like a new White House ballroom and glitzy partying at Mar-a-Lago.
Why Trump thinks that this makes for good politics (or a good economic message) remains a mystery except for the obvious: He doesn’t recognize that his policies are prompting anger. That’s a classic definition for delusion.
Maybe Trump could make a case for delaying attention on prices to deal with adding jobs and manufacturing. But this speech didn’t do that. Jobs are down, prices are up, immigration enforcement is eliminating a layer of labor and the emphasis on AI is threatening a widening swath of job prospects. Trump’s tariffs are not fixing trade imbalances. Despite Trump’s assertions, no state is paying $1.99 a gallon for gas.
Even Trump’s announcement of aid to farmers hurt by tariffs came with misstatements. Farm aid funded by tariffs paid by Americans amount to less than a third of reported losses for shutting international markets to those farmers.
Trump’s economic message of denial is insulting.
It has become the trademark of this administration, and it has already become angry-making among Democrats, Independents and a now-growing number of Republicans.
Ley General de Aguas 2025: Un Faro de Certidumbre Hídrica y Oportunidades para la Inversión Inmobiliaria en México
Como un veterano con más de una década inmerso en las complejidades del mercado inmobiliario y financiero de México, he sido testigo de primera mano de cómo los pilares fundamentales que sostienen la inversión y el desarrollo se han transformado. El año 2025 nos encuentra en un punto de inflexión, donde la visión estratégica y la capacidad de adaptación son más cruciales que nunca. En este escenario dinámico, la inminente promulgación y puesta en marcha de la nueva Ley General de Aguas se erige no solo como un acto legislativo de profundo calado social, sino como un elemento reconfigurador del panorama de la inversión y el desarrollo inmobiliario en nuestro país.
La reciente apertura y el diálogo constructivo demostrados por la administración de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, junto con el equipo de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y los legisladores, en el proceso de análisis y dictamen de esta trascendental ley, merecen un reconocimiento especial. Esta disposición a escuchar y a integrar diversas perspectivas, incluyendo la del sector de los Fideicomisos de Inversión en Bienes Raíces (FIBRAs), refleja una comprensión profunda de la interconexión entre la gestión hídrica y la estabilidad económica. Es una señal clara de que México avanza hacia una madurez regulatoria que, lejos de ser un obstáculo, se convierte en un catalizador para el crecimiento económico sostenible y la inversión sustentable en México.
El Agua: El Eje Invisible de la Prosperidad Inmobiliaria
Históricamente, el acceso al agua se ha percibido, en el mejor de los casos, como un costo operativo o, en el peor, como un recurso ilimitado. Sin embargo, la realidad de 2025 es innegable: el agua es ahora un factor crítico de riesgo y una oportunidad de inversión en sí misma. La escasez hídrica, exacerbada por el cambio climático y el crecimiento demográfico, ya no es una amenaza lejana, sino una preocupación presente que impacta directamente en la viabilidad y rentabilidad de cualquier proyecto inmobiliario. Desde la construcción de una nave industrial hasta un desarrollo habitacional de lujo, la certidumbre hídrica es el activo intangible más valioso.
Para el sector de FIBRAs, que por su naturaleza invierte a largo plazo y gestiona extensos portafolios de propiedades, la estabilidad en el abasto y la claridad en el marco regulatorio del agua son imperativos estratégicos. No se trata solo de cumplir con una normativa, sino de asegurar la resiliencia de los activos, optimizar los costos operativos y, fundamentalmente, proteger el valor para los inversionistas. Un proyecto sin un plan hídrico robusto es un proyecto con un riesgo inaceptablemente alto. Por ello, la nueva Ley General de Aguas, al establecer las bases para una gestión hídrica eficiente y sostenible, inyecta una dosis de certidumbre regulatoria hídrica que era urgentemente necesaria para desatar nuevas olas de inversión en bienes raíces sostenibles México.
Los Pilares de la Nueva Ley: Un Análisis desde la Perspectiva del Experto
La Ley General de Aguas que se perfila para 2025 se distingue por su enfoque integral y prospectivo. Desde mi experiencia, los puntos clave que AMEFIBRA ha destacado son, de hecho, los cimientos sobre los que se construirá el futuro hídrico de México y, por ende, el de su desarrollo urbano sostenible:
Priorización y Protección del Derecho Humano al Agua: Este es el punto de partida ético y social. Al colocar el derecho humano al agua en el centro, la ley busca garantizar el acceso equitativo y suficiente para toda la población. Pero más allá de la obligación moral, esta priorización tiene un efecto directo en la planificación urbana y el desarrollo inmobiliario. Significa que los proyectos deberán integrar desde su concepción soluciones hídricas que respeten este principio, lo que impulsará la innovación en gestión del agua y la adopción de tecnologías que permitan un uso más racional y equitativo. Los desarrollos que demuestren una huella hídrica reducida y un impacto social positivo serán los que generen mayor valor y aceptación.
Gestión Eficiente y Sostenible del Recurso Hídrico: Aquí es donde la experiencia técnica se vuelve crucial. La ley promoverá la implementación de prácticas y tecnologías que permitan optimizar el uso del agua en todos los sectores. Para el inmobiliario, esto se traduce en la obligación y la oportunidad de invertir en infraestructura hídrica inteligente. Hablamos de sistemas de monitoreo y control avanzados (IoT en agua), reutilización de aguas grises y negras tratadas, techos verdes que mitiguen el escurrimiento, y sistemas de captación y almacenamiento de agua de lluvia. Las FIBRAs tienen un rol protagónico aquí, al poder integrar estas soluciones a gran escala en sus parques industriales, centros comerciales y complejos de oficinas, generando no solo ahorros significativos a largo plazo, sino también valorización de activos a través de la certificación ESG (Environmental, Social, and Governance).
Incorporación de Mecanismos para la Transmisión de Derechos que Incentiven la Planeación Estratégica: Este es un punto delicado pero fundamental para la eficiencia. La creación de mecanismos claros para la transmisión de derechos de agua, siempre bajo un marco de equidad y supervisión estricta, podría facilitar una mejor asignación del recurso a nivel regional. Esto incentivaría la planeación estratégica hídrica a largo plazo, permitiendo a los desarrolladores y a las FIBRAs anticipar y asegurar su abasto hídrico de manera legal y transparente. Sin embargo, es vital que estos mecanismos se diseñen cuidadosamente para evitar la especulación y asegurar que el derecho humano al agua nunca se vea comprometido. Un enfoque en la optimización del uso y la reasignación de excedentes, más que en la simple compra-venta, será la clave.
Claridad Regulatoria para Operadores y Usuarios: Pocas cosas ahuyentan más la inversión de capital en infraestructura que la incertidumbre regulatoria. La nueva ley busca precisamente disipar esa neblina, ofreciendo un marco legal predecible y consistente. Para el sector inmobiliario y, en particular, para los fondos de inversión inmobiliaria como las FIBRAs, esto significa una reducción significativa de los riesgos de proyecto y una mayor facilidad para la obtención de permisos y concesiones. Una certidumbre jurídica robusta sobre el uso y manejo del agua es un imán para la inversión extranjera directa y para el desarrollo de proyectos de gran escala, especialmente aquellos con un alto componente tecnológico en eficiencia hídrica.
Mecanismos que Faciliten el Cumplimiento Normativo en las Distintas Regiones del País: La heterogeneidad geográfica y climática de México exige un enfoque flexible pero efectivo en el implementación. La ley deberá establecer mecanismos de cumplimiento que consideren las particularidades regionales, evitando soluciones únicas que resulten inoperables en ciertas zonas. Para las FIBRAs con portafolios diversificados a lo largo del país, esto representa un reto en la adaptación, pero también una oportunidad para liderar la adopción de mejores prácticas en cada región. La transparencia hídrica y la fiscalización digital jugarán un papel crucial para asegurar que el cumplimiento no solo sea un requisito, sino una realidad palpable.
Procesos Modernos que Acompañen el Crecimiento de las Ciudades y la Operación de la Infraestructura Inmobiliaria: El dinamismo del desarrollo urbano no puede detenerse, pero debe transformarse. La nueva ley debe propiciar procesos que integren la gestión del agua con la planificación territorial, el desarrollo inmobiliario sostenible y la construcción de ciudades inteligentes del agua. Esto implica agilizar la evaluación y aprobación de proyectos que incorporen soluciones hídricas avanzadas, fomentar la infraestructura verde y azul en el diseño urbano, y promover la resiliencia hídrica empresarial. Las FIBRAs, al ser grandes gestores de infraestructura, pueden ser incubadoras de estas prácticas, mostrando el camino para la integración de tecnologías como la IA para la gestión del agua en la optimización de redes y consumos.
Colaboración entre Autoridades, Sector Privado y Comunidades: La magnitud del desafío hídrico trasciende las capacidades de un solo actor. La colaboración efectiva, bajo esquemas de gobernanza del agua participativos, es indispensable. La ley debe sentar las bases para la creación de alianzas público-privadas exitosas (PPPs) en proyectos de infraestructura hídrica, donde el sector privado, incluyendo las FIBRAs, pueda aportar capital, tecnología y experiencia operativa. La responsabilidad social corporativa de las FIBRAs se extiende a su participación activa en estas iniciativas, fomentando el diálogo social del agua y asegurando que las soluciones beneficien a las comunidades locales.
Aprovechamiento de Agua Pluvial con Fines Distintos al Doméstico: Esta es una de las soluciones más obvias y, a menudo, subutilizadas. La ley debe incentivar masivamente la captación pluvial no solo para uso residencial, sino también para usos industriales, comerciales y de servicios. Esto alivia la presión sobre los acuíferos y las redes de abasto público. Las FIBRAs, con sus vastas superficies de techos en almacenes, centros comerciales y parques industriales, tienen un potencial enorme para implementar sistemas de reuso de agua de lluvia a gran escala, no solo para jardines o sanitarios, sino incluso para procesos industriales que no requieran agua potable. Esto no solo genera ahorros energéticos y operativos, sino que mejora la autonomía hídrica de las propiedades.
El Rol Transformador de las FIBRAs en la Era del Agua 2025
Las FIBRAs no son meros observadores en esta coyuntura; son actores clave con la capacidad de catalizar una transformación positiva. Su modelo de negocio, basado en la inversión de largo plazo en bienes raíces generadores de renta, las posiciona idealmente para adoptar y financiar soluciones hídricas innovadoras y sostenibles. La implementación de la nueva Ley General de Aguas les brindará un marco claro para:
Invertir en Modernización: Destinar capital a la modernización de la infraestructura hídrica dentro de sus propiedades existentes, instalando sistemas eficientes, tecnologías de reuso y de captación pluvial. Esto se traduce en una reducción de costos operativos a mediano y largo plazo.
Desarrollar Proyectos Hídricamente Inteligentes: Crear nuevos desarrollos que desde su concepción incorporen el diseño urbano sensible al agua, buscando la neutralidad hídrica o incluso la generación neta de agua (Water Positive). Estos proyectos no solo cumplen con la normativa, sino que establecen nuevos estándares de mercado y atraen a inquilinos y compradores más conscientes.
Fomentar la Innovación y la Investigación: Colaborar con universidades y startups de tecnología hídrica, invirtiendo en investigación y desarrollo de nuevas soluciones aplicables al sector inmobiliario.
Integrar Criterios ESG: Profundizar en la integración de criterios ambientales, sociales y de gobernanza en su gestión de portafolios. La gestión del agua es un pilar fundamental de la “E” (Environmental) en ESG, y un desempeño sólido en este ámbito atrae a inversionistas institucionales que buscan FIBRAs sustentables y responsables.
Liderar el Cambio Cultural: Educar a sus inquilinos, operadores y comunidades sobre el uso responsable del agua, fomentando una cultura de eficiencia y conservación.
En este 2025, la visión de las FIBRAs va más allá de los retornos financieros inmediatos. Se trata de construir bienes raíces resilientes y de contribuir a un México más seguro y próspero. La interconexión entre la salud hídrica del país y la salud de la inversión inmobiliaria es innegable. La Ley General de Aguas es un paso monumental hacia esa visión, brindando el marco normativo para que el sector privado, liderado por las FIBRAs, pueda desempeñar su papel fundamental.
Un Llamado a la Acción para un Futuro Hídrico Sostenible
Nos encontramos en un momento decisivo para el futuro hídrico de México y, por extensión, para la sostenibilidad de su desarrollo económico e inmobiliario. La nueva Ley General de Aguas no es simplemente una regulación; es una hoja de ruta hacia una gestión más consciente y eficiente de nuestro recurso más preciado. Desde nuestra trinchera en la inversión y el desarrollo inmobiliario, es nuestra responsabilidad no solo adaptarnos a este nuevo paradigma, sino abrazarlo activamente como una oportunidad para innovar, para crear valor y para construir un legado duradero.
Invitamos a todos los actores del ecosistema inmobiliario —desarrolladores, inversionistas, administradores de propiedades, proveedores de tecnología y, por supuesto, a las FIBRAs— a sumarse a esta visión. Es el momento de invertir en tecnologías de ahorro de agua, de implementar eficiencia hídrica en edificios, de buscar la certificación verde para nuestras propiedades, y de participar activamente en el diálogo y la colaboración con las autoridades y las comunidades. Unamos esfuerzos para asegurar que el agua siga siendo un motor de progreso y no un factor limitante para las futuras generaciones en México. Juntos, podemos construir un futuro hídrico seguro, próspero y equitativo para todos.
