Nearly a third of US teenagers say they use AI chatbots daily, a new study finds, shedding light on how young people are embracing a technology that’s raised critical safety concerns around mental health impacts and exposure to mature content for kids.
The Pew Research Center study, which marks the group’s first time surveying teens on their general AI chatbot use, found that nearly 70% of American teens have used a chatbot at least once. And among those who use AI chatbots daily, 16% said they did so several times a day or “almost constantly.”
AI chatbots have been pitched as learning and schoolwork tools for young people, but some teens have also turned to them for companionship or romantic relationships. That’s contributed to questions about whether young people should use chatbots in the first place. Some experts have worried that their use even in a learning context could stunt development.
Pew surveyed nearly 1,500 US teens between the ages of 13 and 17 for the report, and the pool was designed to be representative across gender, age, race and ethnicity, and household income.
ChatGPT was by far the most popular AI chatbot, with more than half of teens reporting having used it. The other top players were Google’s Gemini, Meta AI, Microsoft’s Copilot, Character.AI and Anthropic’s Claude, in that order.
A nearly equal proportion of girls and boys — 64% and 63%, respectively — say they’ve used an AI chatbot. Teens ages 15 to 17 are slightly more likely (68%) to say they’ve used chatbots than those ages 13 to 14 (57%). And usage increases slightly as household income goes up, the survey found.
Just shy of 70% of Black and Hispanic teens say they’ve used an AI chatbot, slightly higher than the 58% of White teens who say the same.
The findings come after two of the major AI firms, OpenAI and Character.AI, have faced lawsuits from families who alleged the apps played a role in their teens’ suicides or mental health issues. OpenAI subsequently said it would roll out parental controls and age restrictions. And Character.AI has stopped allowing teens to engage in back-and-forth conversations with its AI-generated characters.
Meta also came under fire earlier this year after reports emerged that its AI chatbot would engage in sexual conversations with minors. The company said it had updated its policies and next year will give parents the ability to block teens from chatting with AI characters on Instagram.
At least one online safety group, Common Sense Media, has advised parents not to allow children under 18 to use companion-like AI chatbots, saying they pose “unacceptable risks” to young people.
Some experts have also raised concerns that the use of AI for schoolwork could encourage cheating, although others say the technology can provide more personalized learning support.
Meanwhile, AI companies have pushed to get their chatbots into schools. OpenAI, Microsoft and Anthropic have all rolled out tools for students and teachers. Earlier this year, the companies also partnered with teachers unions to launch an AI instruction academy for educators.
Microsoft, in particular, has sought to position its Copilot as the safest choice for parents, with AI CEO Mustafa Suleyman telling CNN in October that it will never allow romantic or sexual conversations for adults or children.
Nueva Ley General de Aguas en México: Pilar Estratégico para la Certidumbre Hídrica y la Inversión Inmobiliaria Sostenible en 2025
En el panorama económico y ambiental de México de 2025, la gestión del agua se ha consolidado como el eje central de cualquier estrategia de desarrollo. La discusión y eventual implementación de la Nueva Ley General de Aguas, más allá de ser un mero ajuste legislativo, representa un hito crucial para el futuro de la inversión inmobiliaria sostenible en México. Con una década de experiencia observando la evolución del mercado y sus interacciones con el marco regulatorio, es imperativo analizar cómo esta normativa puede catalizar o restringir el crecimiento del sector, especialmente en un contexto de creciente escasez hídrica y demanda urbana.
La Asociación Mexicana de Fibras Inmobiliarias (Amefibra), un actor clave que agrupa a los fideicomisos de inversión en bienes raíces con una visión de largo plazo y desarrollo sustentable, ha sido una voz proactiva en este diálogo. Su postura subraya una verdad innegable: sin certidumbre hídrica, el motor del desarrollo inmobiliario se frena. En este artículo, profundizaremos en las implicaciones de esta ley, los desafíos y oportunidades que presenta para el sector, y cómo la colaboración estratégica es la clave para un futuro próspero y resiliente.
El Escenario Hídrico de México en 2025: Un Imperativo de Adaptación para el Desarrollo Urbano
México, para el año 2025, enfrenta una realidad hídrica compleja y acuciante. El cambio climático ha exacerbado los patrones de sequía en regiones vitales, mientras que la expansión urbana descontrolada y el crecimiento demográfico continúan ejerciendo una presión insostenible sobre las fuentes de abastecimiento. Ciudades como la Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara experimentan ciclos recurrentes de estrés hídrico, transformando la disponibilidad de agua en un factor determinante para la viabilidad de cualquier nuevo proyecto.
Desde nuestra perspectiva, con una década en el sector, observamos que esta situación no es solo un problema ambiental, sino una variable económica crítica que impacta directamente la valuación inmobiliaria con riesgo hídrico. Los inversionistas, los desarrolladores y, en última instancia, los usuarios finales, exigen garantías de acceso al recurso. Aquí es donde la Nueva Ley General de Aguas entra en juego como una herramienta fundamental. Su objetivo de establecer reglas claras y transparentes es vital para ofrecer la seguridad hídrica necesaria que el mercado busca desesperadamente.
Amefibra ha acertado al celebrar que la discusión legislativa haya adoptado una visión integral que abarca el acceso, la gestión y la planeación del recurso. Este enfoque holístico es la única vía para abordar la multi-dimensionalidad del desafío del agua. Ya no basta con asegurar el suministro; es fundamental optimizar su uso, proteger las fuentes y garantizar una distribución equitativa. La integración de estas tres esferas bajo un único marco legal del agua para el desarrollo sustentable es un paso adelante que el sector inmobiliario ha esperado para poder planificar con una base más sólida.
El reconocimiento de las autoridades a las necesidades técnicas y operativas planteadas por el crecimiento urbano es un indicativo positivo. Particularmente en regiones donde la disponibilidad del recurso es crítica, la ley debe fomentar y facilitar la adopción de soluciones hídricas más eficientes. Esto incluye desde la infraestructura a gran escala hasta las medidas específicas dentro de cada inmueble. Es aquí donde la innovación y la adaptación se vuelven no solo una ventaja competitiva, sino una necesidad existencial para los desarrolladores.
Pilares Clave de la Regulación: Del Derecho Humano al Agua a la Gestión Estratégica
La Nueva Ley General de Aguas, en su espíritu, busca equilibrar el derecho humano al agua con las demandas productivas y de desarrollo. Este equilibrio es delicado pero esencial. El sector inmobiliario reconoce la primacía del derecho humano al agua, pero simultáneamente, necesita un marco regulatorio que dé certidumbre a las concesiones de agua para proyectos industriales y comerciales, así como para el desarrollo residencial.
La ley debe sentar las bases para la protección y priorización de este derecho fundamental, pero sin obstaculizar el progreso necesario. La clave reside en una gestión sostenible del agua que integre la eficiencia, la circularidad y la responsabilidad social. Una década de experiencia nos dicta que una legislación bien diseñada no solo regula, sino que también incentiva las mejores prácticas.
Uno de los aspectos más críticos para el desarrollo inmobiliario es la incorporación de mecanismos que faciliten la transmisión de derechos de agua. En un mercado dinámico como el mexicano, la rigidez en la asignación y reasignación de derechos puede generar cuellos de botella que paralizan proyectos vitales. Una mayor flexibilidad, siempre bajo un escrutinio riguroso para evitar especulación y abuso, es crucial para fortalecer la planeación estratégica y permitir que el recurso se dirija hacia donde genera mayor valor social y económico. Estas reglas deben otorgar claridad a operadores y usuarios, minimizando la ambigüedad y los procesos burocráticos que a menudo desincentivan la inversión.
Asimismo, es indispensable que la ley contemple procesos modernos que acompañen el desarrollo de infraestructura inmobiliaria. Esto implica agilizar los trámites, digitalizar la información y establecer ventanillas únicas que simplifiquen la obtención de permisos y la verificación del cumplimiento. La eficiencia en la administración pública es un componente tan importante como la solidez de la ley misma. Además, la implementación de mecanismos de cumplimiento normativo efectivos en las diversas regiones del país es fundamental. México es vasto y heterogéneo; lo que funciona en una cuenca del norte podría no ser aplicable en el sur. La ley debe ser flexible para adaptarse a estas realidades locales, pero firme en su objetivo de asegurar la sostenibilidad hídrica.
Innovación y Tecnología en la Gestión Hídrica Inmobiliaria
Mirando hacia 2025, la innovación hídrica en el sector construcción no es una opción, sino una necesidad imperante. La Nueva Ley General de Aguas tiene el potencial de ser un catalizador para la adopción masiva de tecnologías de ahorro de agua en construcción y operación. Desde nuestra trinchera, hemos visto cómo la vanguardia tecnológica ofrece soluciones disruptivas para mitigar el estrés hídrico.
El aprovechamiento de agua pluvial para usos no domésticos (riego de áreas verdes, limpieza, torres de enfriamiento) es una práctica que debe trascender lo anecdótico para convertirse en un estándar en el diseño de cualquier nuevo proyecto. La ley debería ofrecer incentivos claros y simplificar los requisitos para la implementación de sistemas de captación y almacenamiento. Esto, combinado con el reúso de aguas grises y negras mediante tratamiento avanzado de aguas en sitio, puede reducir drásticamente la dependencia de las fuentes de abastecimiento tradicionales. Estos sistemas no solo promueven la eficiencia hídrica en proyectos urbanos, sino que también contribuyen a la infraestructura verde urbana, mejorando la resiliencia de las ciudades.
La certificación verde de edificaciones en México, como LEED o EDGE, ya incorpora criterios rigurosos sobre el uso del agua. Una ley robusta podría alinearse con estos estándares, o incluso superarlos, incentivando la instalación de equipos y accesorios de bajo consumo, sistemas de detección de fugas, y la implementación de soluciones hídricas inteligentes para edificios a través de la IoT en la gestión del agua. Imaginen edificios que optimizan automáticamente su consumo basándose en datos en tiempo real, o que reciclan casi la totalidad de su agua no potable. Esta no es ciencia ficción; es una realidad tecnológica accesible que la ley debe impulsar.
Además, debemos considerar la mitigación del riesgo climático inmobiliario. La inversión en soluciones hídricas avanzadas no es un gasto, sino una inversión en la resiliencia y el valor a largo plazo de los activos. La exploración de tecnologías como la desalinización a costos competitivos para ciertas regiones costeras o el uso de fuentes de agua no convencionales también debe ser facilitada y regulada de manera prospectiva por la nueva legislación. Esto abre vías para la expansión en zonas que antes eran inviables por su falta de recursos hídricos.
El Compromiso del Sector Privado y la Colaboración Multi-Actor
El éxito de la Nueva Ley General de Aguas dependerá en gran medida de la colaboración público-privada y la integración de las comunidades. Amefibra ha sido enfática en su reconocimiento a la apertura mostrada por la presidenta Claudia Sheinbaum y el diálogo con legisladores y el equipo técnico de la Comisión Nacional del Agua (Conagua). Este tipo de intercambio es crucial. La experiencia del sector privado, particularmente de los operadores de FIBRAs, ofrece una visión invaluable sobre las complejidades de la implementación en la práctica.
Los fideicomisos de inversión en bienes raíces, al tener una visión a largo plazo, son inherentemente interesados en la gestión responsable del agua. La sostenibilidad no es una moda, sino un pilar de su estrategia de inversión con impacto. El análisis ESG en bienes raíces es ya una métrica fundamental para los inversionistas, y la “E” de ambiental es inseparable del uso del agua. Proyectos con altos estándares de eficiencia hídrica no solo reducen sus costos operativos a largo plazo, sino que también mejoran su atractividad para el financiamiento sostenible inmobiliario, incluyendo el acceso a bonos verdes para infraestructura hídrica.
La ley debe fomentar una responsabilidad social hídrica compartida. Esto significa que los desarrolladores no solo deben cumplir con la normativa, sino ir más allá, invirtiendo en educación, en tecnologías y en el diálogo con las comunidades para asegurar que el desarrollo no comprometa el acceso al agua para nadie. La coordinación estrecha con autoridades y desarrolladores es esencial para impulsar soluciones más eficientes no solo dentro de los inmuebles, sino a nivel de la cuenca y la ciudad. Los proyectos de gran escala, como los que desarrollan las FIBRAs, tienen la capacidad de implementar soluciones innovadoras que pueden servir de modelo para otros actores.
Este ejercicio de apertura, como ha subrayado Amefibra, es un paso relevante hacia un entorno hídrico más seguro, transparente y sostenible. La Ley General de Aguas, en su implementación, deberá ser una herramienta que impulse esta colaboración, incentivando la adopción de las mejores prácticas y estableciendo un marco de confianza entre todos los actores involucrados: gobierno, sector privado y sociedad civil.
Hacia una Implementación Efectiva: Retos y Oportunidades en 2025
El proceso legislativo, que vio la aprobación del dictamen en la Cámara de Diputados y su envío al Senado de la República, es solo el primer paso. El verdadero desafío, y donde nuestra experiencia como expertos se vuelve más relevante, reside en la aplicación de la ley y la elaboración de su reglamentación secundaria. Aquí es donde las buenas intenciones pueden toparse con la burocracia, la falta de capacidad institucional o la resistencia al cambio.
La ley ofrece una oportunidad de oro para redefinir el futuro del desarrollo en México. Sin embargo, para capitalizarla, se requiere:
Claridad en la reglamentación: Los reglamentos deben ser explícitos, detallados y accesibles, sin dejar espacio para interpretaciones ambiguas que puedan generar corrupción o retrasos.
Fortalecimiento institucional: Conagua y las autoridades estatales y municipales deben contar con los recursos humanos, técnicos y financieros para implementar y hacer cumplir la ley de manera efectiva. Esto incluye la digitalización de procesos y la capacitación de personal.
Monitoreo y evaluación: Es crucial establecer indicadores claros de éxito y mecanismos de monitoreo continuo para evaluar el impacto de la ley y realizar ajustes cuando sea necesario. Un enfoque basado en datos es indispensable para la políticas hídricas innovadoras.
Incentivos para la innovación: La ley no solo debe castigar el incumplimiento, sino premiar la proactividad y la innovación. Incentivos fiscales, acceso preferencial a financiamiento verde o procesos de aprobación acelerados para proyectos con alta eficiencia hídrica pueden acelerar la transición hacia un desarrollo más sostenible.
Participación ciudadana: La transparencia y la inclusión de las comunidades en la toma de decisiones son fundamentales para asegurar la equidad hídrica y evitar conflictos.
Los retos son considerables, pero las oportunidades son aún mayores. Una ley bien implementada puede posicionar a México como líder en desarrollo urbano resiliente al agua, atrayendo inversión inmobiliaria sostenible y mejorando la calidad de vida de sus ciudadanos. Al brindar certidumbre para la inversión inmobiliaria, la ley no solo protegerá un recurso vital, sino que también impulsará un crecimiento económico robusto y equitativo.
Conclusión: Un Llamado a la Acción para el Futuro Hídrico de México
La Nueva Ley General de Aguas es más que una pieza legislativa; es la brújula que guiará el rumbo del desarrollo inmobiliario y urbano de México en las próximas décadas. Como experto con diez años en el pulso del sector, puedo afirmar que su éxito no radicará solo en el texto de la ley, sino en el compromiso colectivo de todas las partes interesadas.
La Amefibra ha reiterado su compromiso de seguir colaborando de manera proactiva y responsable con las autoridades federales, estatales y municipales. Esta postura es la que debemos emular todos. Es un imperativo ético y económico adoptar las mejores prácticas de gestión del agua en los inmuebles y en la cadena de valor del desarrollo. Nuestro objetivo compartido debe ser contribuir al bienestar de los usuarios, al desarrollo económico del país y a una infraestructura inmobiliaria más resiliente y sostenible para México.
Es hora de actuar. Invitamos a todos los actores del ecosistema inmobiliario —desarrolladores, inversionistas, financieros, proveedores de tecnología y, por supuesto, a las autoridades— a sumarse a este diálogo constructivo. Aportemos nuestra experiencia, nuestra visión y nuestro compromiso para asegurar que la Nueva Ley General de Aguas no solo sea un documento, sino una realidad palpable que garantice un futuro hídrico seguro y próspero para México. La sostenibilidad de nuestras inversiones y la calidad de vida de las futuras generaciones dependen de ello. Participemos activamente en la construcción de este futuro.
