US advocacy group, American human rights lawyer Steven Donziger, and the group in Ecuador behind a historic legal battle against Chevron over its dumping of toxic waste in the Amazon rainforest are condemning the Ecuadorian government’s plans to pay the oil giant hundreds of millions of dollars due to an arbitration ruling.
In response to the legal fight in Ecuador that led to a $9.5 billion judgment against Chevron—which bought Texaco—the fossil fuel company turned to the investor-state dispute settlement (ISDS) system, suing the South American country in the Hague-based Permanent Court of Arbitration. As part of the latter case, Ecuadorian Attorney General Diana Salazar Méndez’s office announced Monday that the government would pay the US company only around $220 million, rather than the over $3 billion Chevron sought.
While Chevron said in a statement that it was “pleased with the resolution of this matter” and claimed the decision “strengthened the rule of law globally,” and Salazar Méndez’s office celebrated the dramatically lower figure, and the Union of Peoples Affected by Chevron-Texaco (UDAPT)—the group that began the case against oil company in 1993—pushed back against the government’s framing of the reduction “as if it was a success and an economic achievement.”
“The reality is it is a defeat for justice,” UDAPT argued in a Tuesday statement. “For 32 years, UDAPT has documented pollution, environmental crime, and lives broken by Chevron, proving what should be obvious: Communities have not recovered, health has not been restored, clean water has not returned, and the territories that sustain life remain contaminated. A debt is not owed to Chevron. A debt is owed to the Amazonian families still waiting for truth, justice, and full reparation.”
Amazon Watch deputy director Paul Paz y Miño similarly said Tuesday that “this illegitimate arbitration process is nothing more than Chevron abusing the law to escape accountability for one of the worst oil disasters in history.”
“Ecuador’s courts ruled correctly and based largely on Chevron’s own evidence, that Chevron deliberately poisoned Indigenous and rural communities, leaving behind a mass cancer zone in the Amazon,” the campaigner continued. “Adding insult to injury, the idea that Ecuador’s people should now pay a US oil company that admitted to deliberate pollution is the epitome of environmental racism.”
Ecuadorian President Daniel Noboa “must not honor this ISDS award, and the international community must stand behind the victims of Chevron’s crimes and demand that the company clean up Ecuador once and for all,” Paz y Miño added. “Amazon Watch stands with the affected Indigenous peoples and communities of the Ecuadorian Amazon. We urge President Noboa to reject this illegitimate award, disclose any negotiations with Chevron, and enforce Ecuadorian law by ensuring Chevron pays its debt to those it poisoned.”
Donziger—who was detained in the United States for nearly 1,000 days after Chevron went after him in the American legal system for representing Big Oil’s victims in Ecuador—was also sharply critical, saying Tuesday that “the decision by a so-called private corporate arbitration panel that claims to absolve Chevron of its massive pollution liability in Ecuador has no legitimacy and does not affect the historic $9.5 billion damages judgment won by Amazonian communities.”
“That judgment still stands as the definitive public court ruling in the case,” he said. “The private arbitral panel has no authority over the six public appellate courts, including the Supreme Courts of Ecuador and Canada, that issued unanimous decisions against Chevron and confirmed the extensive evidence that the company devastated local communities by deliberately dumping billions of gallons of cancer-causing oil waste into rivers and streams used by thousands of people for drinking, bathing, and fishing.”
“I also strongly condemn President Daniel Noboa for his plans to betray his own people by agreeing to send $220 million from the public treasury to Chevron, a company that owes Ecuador billions under multiple court orders for poisoning vulnerable Indigenous peoples with toxic oil waste,” Donziger added. “Noboa would effectively grant Chevron a taxpayer-funded bailout financed by the same citizens who remain victims of the company’s pollution. This would be an outrageous dereliction of duty and a violation of his oath of office, warranting removal.”
Fibras Inmobiliarias en México 2025: Navegando el Futuro Hídrico para la Inversión Sostenible
El paisaje del mercado inmobiliario mexicano en 2025 se erige sobre cimientos sólidos de innovación y crecimiento, pero también enfrenta desafíos regulatorios y ambientales sin precedentes. Como un especialista con una década de experiencia analizando y participando activamente en la dinámica de la inversión inmobiliaria en México, he sido testigo de la evolución de nuestro sector, y sé que el agua, ese recurso vital, se ha convertido en el eje central que definirá la rentabilidad inmobiliaria y la sostenibilidad de futuros proyectos. La discusión y eventual implementación de la nueva Ley General de Aguas en México no es un mero trámite legislativo; es un catalizador que redefinirá las reglas del juego para las Fibras inmobiliarias y, por ende, para la inversión de capital en bienes raíces a nivel nacional.
La Asociación Mexicana de Fibras Inmobiliarias (Amefibra), voz líder de los Fideicomisos de Inversión en Bienes Raíces (FIBRAs) en el país, ha levantado una bandera crucial: la necesidad imperante de un marco regulatorio hídrico que ofrezca certidumbre jurídica del agua para el desarrollo y la operación de activos. No se trata de oponerse a la protección del recurso, sino de asegurar que esta protección se traduzca en reglas claras que fomenten la inversión inmobiliaria sostenible y el crecimiento económico, aspectos que considero indivisibles en la visión de un futuro próspero para México.
El Agua como Pilar Estratégico para el Desarrollo Inmobiliario Sostenible
En un país como México, donde la variabilidad climática y la creciente demanda urbana ejercen una presión inmensa sobre nuestros recursos hídricos, el agua ha trascendido su rol de servicio básico para convertirse en un factor estratégico de primer orden para cualquier proyecto de desarrollo urbano sostenible. Desde mi perspectiva, los desarrolladores y las FIBRAs que no integren una estrategia de gestión eficiente del agua en su ADN operativo y de diseño para 2025, simplemente no serán competitivos.
La Ley General de Aguas, en su espíritu, busca garantizar el derecho humano al agua, un principio que la Amefibra no solo apoya, sino que ve como una oportunidad para elevar los estándares de toda la industria. Sin embargo, el “cómo” se implementen estas salvaguardas es lo que determinará si el sector inmobiliario mexicano continuará atrayendo capital de inversión y generando valor sostenible. Hablamos de una legislación que impacta directamente en cada etapa, desde la planificación maestra de una nueva ciudad o parque industrial, hasta la operación diaria de un centro comercial, un hotel de lujo o un edificio de oficinas de alta gama.
He asesorado a numerosas FIBRAs y fondos de inversión a lo largo de los años, y una constante en 2025 es la preocupación por la disponibilidad y el costo del agua. Los modelos financieros de cualquier inversión en FIBRAs rentables ahora incluyen análisis de riesgo hídrico, evaluaciones de infraestructura hídrica existente y proyecciones de inversión en tecnologías de tratamiento de agua industrial y residencial. La nueva ley debe despejar la neblina sobre estos puntos, no añadir capas de incertidumbre.
Las Exigencias del Sector FIBRA: Un Camino Hacia la Claridad y la Colaboración
La Amefibra, que agrupa a fideicomisos con una presencia significativa en diversos mercados inmobiliarios –desde naves industriales de última generación hasta complejos turísticos y educativos–, ha sido enfática en delinear los pilares de lo que consideran una legislación hídrica óptima. Como experto, reafirmo la validez y la urgencia de estas demandas, que van más allá de una simple protección de intereses sectoriales, buscando una simbiosis entre prosperidad económica y responsabilidad ambiental.
Protección y Priorización del Derecho Humano al Agua con Realismo Operativo: Sin duda, el derecho humano al agua es la piedra angular. Sin embargo, la legislación debe especificar cómo se equilibrará esta priorización con las necesidades de desarrollo urbano y económico. Las FIBRAs están listas para invertir en tecnologías que aseguren el abastecimiento a las comunidades, pero necesitan reglas claras sobre la asignación de volúmenes y el acceso a concesiones para sus operaciones, especialmente en megadesarrollos que, por su escala, impactan a miles de personas.
Gestión Eficiente y Sostenible: Más Allá de la Prohibición: No basta con restringir; hay que promover. Un marco que impulse la eficiencia hídrica en edificios y complejos inmobiliarios mediante incentivos fiscales o facilidades para la adopción de tecnologías limpias (como sistemas de recuperación de agua gris, captación pluvial y plantas de tratamiento propias) sería un verdadero game-changer. Las FIBRAs ya están explorando soluciones innovadoras como los “gemelos digitales” para optimizar el uso del agua en tiempo real en sus propiedades, pero necesitan el respaldo de la ley para que estas inversiones sean viables y escalables.
Mecanismos para la Transmisión de Derechos Hídricos con Planeación Estratégica: La flexibilidad y transparencia en la transmisión de derechos de agua son fundamentales para la expansión y reconfiguración de portafolios inmobiliarios. Los mecanismos actuales son a menudo opacos y burocráticos. Una ley moderna en 2025 debería establecer procesos claros, ágiles y con planeación a largo plazo que permitan a las FIBRAs adaptarse a las dinámicas del mercado sin incurrir en costos exorbitantes o retrasos que comprometan la rentabilidad inmobiliaria y la viabilidad de los proyectos.
Claridad Regulatoria para Operadores y Usuarios: La Clave de la Confianza Inversionista: Esta es, quizás, la demanda más crítica desde la perspectiva de la inversión en bienes raíces. La ambigüedad regulatoria es veneno para el capital. Los inversionistas, tanto nacionales como extranjeros, buscan certidumbre. Una Ley de Aguas que sea clara en sus términos, procesos y responsabilidades para todos los actores –desde el desarrollador hasta el usuario final– es la mejor garantía de que México seguirá siendo un destino atractivo para las oportunidades de inversión en México 2025. Necesitamos saber exactamente qué se puede y qué no se puede hacer, cómo cumplir y cuáles son las consecuencias del incumplimiento, sin interpretaciones subjetivas.
Facilidades para el Cumplimiento Normativo en Distintas Regiones: Adaptación, no Uniformidad Ciega: México es un país vasto y diverso. Las condiciones hídricas de Monterrey son diametralmente opuestas a las de Chiapas o Yucatán. Una ley de alcance nacional debe ser lo suficientemente flexible para permitir una aplicación que considere las particularidades regionales, sin caer en la fragmentación. Las FIBRAs operan en múltiples estados y ciudades; necesitan una normativa que les permita cumplir de manera eficiente y escalable, reconociendo que las soluciones de infraestructura hídrica no son talla única.
Procesos Modernos Acordes al Crecimiento Urbano y la Infraestructura Inmobiliaria: La burocracia excesiva y los trámites lentos son un freno al desarrollo. Una Ley de Aguas para 2025 debe incorporar procesos ágiles, digitalizados y transparentes para la obtención de permisos, concesiones y evaluaciones de impacto hídrico. El sector inmobiliario avanza a un ritmo vertiginoso; la regulación debe acompañar esa velocidad, no obstaculizarla. La integración de tecnologías como el blockchain para la trazabilidad de concesiones o la inteligencia artificial para la evaluación de proyectos podría ser un paso audaz pero necesario.
Colaboración entre Autoridades, Sector Privado y Comunidades: El Modelo de Gobernanza Hídrica del Siglo XXI: La gestión del agua es una responsabilidad compartida. Desde mi experiencia, los proyectos más exitosos y sostenibles son aquellos que involucran a todas las partes interesadas. La ley debería formalizar e incentivar estos esquemas de colaboración, donde el conocimiento técnico del sector privado, la capacidad regulatoria del gobierno y las necesidades de las comunidades se conjuguen para elevar los estándares de uso responsable del agua y co-crear soluciones. Esto es crucial para la viabilidad de los bienes raíces sostenibles.
Aprovechamiento de Agua Pluvial para Usos No Domésticos: Un Potencial Subexplotado: México recibe abundantes lluvias en muchas de sus regiones, un recurso que a menudo se desperdicia. La promoción y facilitación legal para la captación y uso de agua pluvial en usos no potables (riego de áreas verdes, enfriamiento industrial, sanitarios) es una medida de sentido común que podría reducir drásticamente la presión sobre las fuentes de agua dulce. Las FIBRAs están dispuestas a invertir en estos sistemas, pero necesitan incentivos claros y una normativa que no complique su implementación.
El Motor Económico de las FIBRAs: Más Allá de los Activos, Valor Sostenible
Es fundamental comprender que las FIBRAs no son meros tenedores de propiedades; son motores económicos que representan el 4.5% del PIB nacional. Esta cifra, que seguramente crecerá en 2025 con la tendencia de nearshoring y la demanda de infraestructura verde y logística, subraya la importancia de un entorno regulatorio estable. Un marco hídrico adverso no solo afectaría la expansión de los portafolios de las FIBRAs, sino que tendría un efecto dominó en la inversión directa, la generación de empleo y la confianza de los mercados.
Hemos visto cómo la crisis hídrica en México ha impactado a empresas y a la población. Un marco legal robusto y predecible para el agua es una inversión en la resiliencia económica del país. Las FIBRAs, con su modelo de inversión a largo plazo y su compromiso con la gobernanza corporativa, están uniquely posicionadas para liderar la adopción de tecnologías de tratamiento de agua y prácticas de ASG sector inmobiliario (Ambiental, Social y de Gobernanza), pero necesitan un piso parejo que les permita planificar e invertir con seguridad.
Liderazgo Renacido: La Visión de Amefibra para 2026-2027
El cambio de estafeta en la presidencia de Amefibra, con la designación de Jorge Avalos Carpinteyro para el periodo 2026-2027, es una señal clara de la evolución y la visión a futuro del sector. Como director general de Fibra Monterrey, Avalos trae consigo una profunda comprensión de las dinámicas de mercado y un enfoque en la generación de valor sostenible. Su liderazgo será clave en la interlocución con el gobierno y en la promoción de un marco regulatorio que integre las necesidades del sector con los objetivos nacionales de sostenibilidad hídrica.
La Amefibra, bajo esta nueva dirección, continuará impulsando la transparencia, las mejores prácticas corporativas y la innovación en el uso del agua. Desde mi posición como observador y participante activo, confío en que esta asociación seguirá siendo un agente de cambio positivo, buscando el equilibrio entre el crecimiento económico, la rentabilidad inmobiliaria y la responsabilidad ambiental. Sus 15 fideicomisos y más de 30 millones de metros cuadrados de área bruta rentable son la prueba de su impacto y su capacidad para implementar soluciones a gran escala en segmentos tan diversos como parques industriales, centros comerciales, oficinas, hoteles, hospitales y escuelas.
El Futuro es Ahora: Un Llamado a la Acción para la Sostenibilidad Hídrica y la Inversión
Mirando hacia el 2025 y más allá, el futuro del sector inmobiliario mexicano estará intrínsecamente ligado a nuestra capacidad como nación para gestionar nuestros recursos hídricos de manera inteligente, equitativa y sostenible. La nueva Ley General de Aguas es una oportunidad histórica para sentar las bases de una relación armoniosa entre el desarrollo, la inversión y la naturaleza.
Desde mi perspectiva de más de diez años en este emocionante y dinámico sector, insto a todos los actores –legisladores, autoridades gubernamentales, FIBRAs, desarrolladores, inversionistas y ciudadanos– a comprometerse con un diálogo constructivo y una colaboración genuina. Es hora de dejar de ver el agua como un problema y empezar a verla como el catalizador de la innovación, la sostenibilidad y, en última instancia, de un mercado inmobiliario de lujo México y otros segmentos prósperos y resilientes.
Las FIBRAs están listas para ser parte de la solución, invirtiendo en infraestructura verde, desarrollando proyectos con los más altos estándares de eficiencia hídrica y promoviendo una cultura de uso responsable. Pero necesitan socios en el gobierno que les brinden la certidumbre y las herramientas legales para hacerlo.
¡No perdamos esta oportunidad! Les invito a unirse a este diálogo esencial, a informarse sobre el impacto de la Ley General de Aguas en el sector inmobiliario y a participar activamente en la construcción de un futuro donde la inversión y la sostenibilidad hídrica caminen de la mano. Visiten los canales de la Amefibra y participen en los foros de discusión para asegurar que la voz del desarrollo sostenible sea escuchada y plasmada en nuestra legislación.
